En un movimiento sin precedentes, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha iniciado acciones legales contra la Fiscal General, Consuelo Porras, con el objetivo de buscar su destitución. Esta decisión surge tras un incidente en el que Porras se retiró de una reunión con el gabinete de ministros, alegando restricciones constitucionales. Este suceso marca un momento crítico en la relación entre el poder ejecutivo y el judicial, destacando las tensiones políticas actuales en el país.
El 29 de enero, se reportó que el Presidente Bernardo Arévalo invitó a la Fiscal General Consuelo Porras a una reunión con el gabinete de ministros. Sin embargo, la reunión tomó un giro inesperado cuando se convirtió en una junta de gabinete, situación ante la cual Porras decidió retirarse. La Fiscal General argumentó que, por mandato constitucional, no podía intervenir ni participar en dicha junta, resaltando las limitaciones de su cargo frente a las actividades gubernamentales.
La salida de Porras de la reunión ha desencadenado una serie de acciones legales por parte del presidente Arévalo, quien, a través del Procurador General de la Nación, busca la destitución de Porras. Este paso es interpretado por muchos como un intento de reemplazar a la Fiscal General por alguien más afín al gobierno actual. La base legal para estas acciones, sin embargo, ha sido cuestionada, ya que la ley administrativa citada por el Procurador General aparentemente no conlleva las consecuencias legales necesarias para proceder con la destitución -IN LIMINE.
