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La Corte de Constitucionalidad (CC) aceptó la solicitud de asistencia presentada por la bancada VAMOS para garantizar la debida ejecución del amparo provisional emitido en abril de 2024. Esta acción obliga al Congreso a rendir informe en un plazo de 12 horas sobre las medidas tomadas en cumplimiento del fallo.
El 27 de enero de 2025, la CC resolvió dar trámite a la solicitud presentada por Allan Rodríguez y otros diputados de la bancada VAMOS. El recurso busca garantizar el cumplimiento del amparo provisional emitido en abril de 2024, que establece que los diputados electos por el cancelado Movimiento Semilla no pueden constituirse como bancada y deben mantener el estatus de independientes.
#URGENTE @CC_Guatemala da trámite a la asistencia en la debida ejecución del amparo provisional contra bancada Semilla pic.twitter.com/VbCk9y7nH7
— TVGT Noticias (@TVGTNoticias) January 27, 2025
En su resolución, la CC instruyó al Pleno del Congreso de la República a rendir, en un plazo de doce horas, un informe circunstanciado sobre las acciones tomadas en relación con el cumplimiento de dicho amparo. Además, el Congreso deberá aportar la documentación que respalde sus actuaciones relacionadas con este caso.
La acción surge tras la decisión de la Junta Directiva del Congreso, tomada el 24 de enero de 2025, de restablecer la bancada Semilla mediante una votación de 5 a 2. Este acto ha sido señalado como un desacato directo a las disposiciones de la CC y del Tribunal Supremo Electoral, que certificaron la cancelación definitiva del partido político Semilla debido a irregularidades documentadas en el caso “Corrupción Semilla”.
El amparo provisional emitido en abril de 2024 prohíbe expresamente que los diputados independientes del extinto partido Semilla asuman cargos directivos, presidan comisiones legislativas o participen en la instancia de jefes de bloque. Este marco sigue siendo de carácter obligatorio y vinculante para todas las partes involucradas.
La decisión de la CC refuerza la necesidad de cumplir con las disposiciones legales y respetar el amparo provisional vigente. Este caso continúa generando controversias políticas y legales en el Congreso de Guatemala, poniendo a prueba la capacidad de las instituciones para mantener el orden constitucional.
