El gobierno de Bernardo Arévalo ha solicitado su primera ampliación presupuestaria del año en el mes de febrero, solicitando un aumento de Q4,166 millones adicionales. A pesar de contar con el presupuesto más alto en la historia de Guatemala, el Ejecutivo insiste en que necesita más dinero, sin avances ni rendición de cuentas sobre el uso de los fondos aprobados en el presupuesto nacional para el 2025.
El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, justificó la solicitud bajo el argumento que la suspensión de artículos en la Ley de Presupuesto ha afectado el flujo de dinero. Sin embargo, estás afirmaciones generan dudas ¿Por qué el Gobierno de Arévalo envío un proyecto de presupuesto que riñe con la Constitución Política de la República de Guatemala? ¿Cuáles serían los compromisos?
Los principales rubros de esta ampliación incluyen:
- Q1,891 millones para Consejos de Desarrollo.
- Q1,625 millones para pago de pensiones.
- Q56 millones para un seguro paramétrico.
- Q393 millones para el programa de reducción de emisiones.
La ejecución presupuestaria del año anterior deja dudas sobre la eficiencia del gasto gubernamental. Además, el ministro Menkos evitó responder si cuentan con los votos en el Congreso para aprobar la ampliación.
Otro aspecto que resalta es la falta de un “Plan de contingencia” en caso de que el Congreso rechace la solicitud. ¿Qué hará el gobierno si no le aprueban más fondos? ¿Recortará gastos superfluos o recurrirá a nuevos impuestos? Estas preguntas siguen sin respuesta, aumentando la incertidumbre sobre el manejo financiero del Estado
