Tráfico de influencias y plan de asesinato desde prisión: “Juancho León” paga traslado de enemigo a Pavón para ejecutar venganza

Graves denuncias emergen desde el sistema penitenciario guatemalteco. Fuentes internas confirmaron un nuevo caso de tráfico de influencias en la cárcel de Cantel, donde el reo Carlos Roberto León Barillas, alias “Juancho León”, habría pagado más de 100 mil dólares en sobornos para trasladar a un enemigo personal y planificar su asesinato dentro del penal de Pavón.

Según información obtenida de fuentes internas del Sistema Penitenciario, “Juancho León”, quien actualmente tiene el control interno del penal de Cantel, en Quetzaltenango, habría sobornado al Lic. Eddy Ronaldo Herrera, funcionario del sistema, con un pago de 50 mil dólares para lograr el traslado del reo Elías Bernardo Sagastume Sub, un secuestrador de alto perfil, recluido hasta ahora en la cárcel Matamoros, conocida por su régimen especial.

El traslado a Pavón, en apariencia administrativo, tendría como propósito principal facilitar la ejecución de una venganza. Sagastume fue sorprendido en agosto de 2019 dentro de prisión portando un arma de fuego, que presuntamente usaría para asesinar a Juancho León, en un ajuste de cuentas pagado por una estructura criminal colombiana a la que Sagastume habría estafado.

Como represalia, y ya con control territorial en Cantel, Juancho León planificó una operación interna, invirtiendo nuevamente otros 50 mil dólares, esta vez entregados al también privado de libertad Nery Alexander Jiménez, alias “Bufón”, encargado del peligroso sector 12 de la cárcel Pavón, también conocida como “la cárcel de la muerte”.

Según la información obtenida, el objetivo del segundo pago era coordinar lo que en el argot carcelario se conoce como una “talacha”: primero aislar al reo objetivo, para luego ejecutarlo sin dejar rastro, todo bajo la protección de quienes controlan internamente ese sector.

Este caso confirma la existencia de una estructura paralela de poder dentro del sistema penitenciario, donde el dinero y la influencia permiten no solo traslados irregulares, sino también asesinatos premeditados y manipulaciones de funcionarios públicos.

Las autoridades del Sistema Penitenciario y del Ministerio de Gobernación no han emitido declaraciones sobre esta nueva denuncia, que pone en entredicho la capacidad del Estado para mantener el control dentro de las cárceles.