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En los últimos días, periodistas de diversos medios han solicitado información sobre las reuniones del presidente Bernardo Arévalo, particularmente su visita al Ministerio de Gobernación. Sin embargo, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, a través de su vocero Julio Lara, respondió que “no son actividades públicas” y que, por lo tanto, no habría acceso a la prensa.
La afirmación contradice directamente el Artículo 30 de la Constitución Política de la República, que establece que “todos los actos de la administración son públicos”, salvo en casos específicos relacionados con seguridad nacional o confidencialidad garantizada. Reuniones de trabajo entre el presidente y ministros no están contempladas dentro de estas excepciones.
La medida ha sido interpretada como un intento deliberado de blindar al mandatario del escrutinio mediático. Varios periodistas han señalado que, pese a las promesas de campaña de Bernardo Arévalo sobre gobernar con transparencia, su administración ha optado por cerrar el acceso a actividades clave, privilegiando la comunicación a través de medios alineados con el Ejecutivo.
La creciente exclusión de la prensa independiente despierta preocupaciones sobre posibles retrocesos en materia de acceso a la información y libertad de expresión. Organizaciones de periodistas ya evalúan acciones legales y pronunciamientos públicos para exigir el respeto al marco constitucional y frenar esta tendencia opaca en la gestión gubernamental.
