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El diputado Cristian Álvarez ha intensificado sus denuncias contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), señalando supuestas irregularidades en las compras de medicamentos y vehículos. Sin embargo, diversas investigaciones y evidencias públicas apuntan a potenciales conflictos de interés y vínculos con actores políticos y comerciales cuestionados.
En un video publicado en su página oficial, Álvarez cuestiona la adquisición de eritropoyetina sin registro sanitario, criticando que no se haya aceptado la oferta de la empresa Reus Pharma S.A., que curiosamente está vinculada al hijo de Gustavo Alejos Cámbara, figura señalada por corrupción en múltiples gobiernos.
Además, durante una transmisión en vivo el 30 de agosto de 2024, el diputado criticó la compra de 84 pickups por Q18 millones por parte del IGSS. Sin embargo, no aclaró por qué ha sido visto utilizando un vehículo vinculado al propio Gustavo Alejos, lo que levanta aún más sospechas sobre su independencia en la fiscalización.
El diputado también ha sido señalado por promover negocios en la colonia Bethania, zona 7, territorio donde líderes locales afines a la UNE —el partido con el que Gustavo Alejos ha estado vinculado— mantienen presencia política activa.
Adicionalmente, según reportes periodísticos, Álvarez estaría gestionando su posible llegada a la presidencia del IGSS, lo cual podría explicar la intensidad de sus ataques a esa institución. En paralelo, impulsa una reforma a la Ley de Compras en el sector salud, lo que, según algunos analistas, podría beneficiar directamente a droguerías como Reus Pharma.
Este conjunto de hechos sugiere que las acciones del diputado no solo responden a una agenda de fiscalización, sino a intereses cruzados que deben ser investigados con rigor. La transparencia exige que quienes denuncian también aclaren sus propias relaciones y posibles beneficios derivados de los cambios que promueven.
