El expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina, procesado por múltiples casos de corrupción durante su administración con el Partido Patriota, obtuvo su libertad el miércoles pasado. Pérez Molina, quien enfrentaba acusaciones por su participación en el caso de corrupción conocido como “La Línea”, logró su libertad provisional mediante el pago de una caución económica significativa.
Según el abogado César Calderón, Pérez Molina pagó dos cauciones económicas que sumaron 10.3 millones de quetzales para salir de la cárcel. Estos pagos se realizaron después de que el Organismo Judicial aceptara la hipoteca de bienes inmuebles como garantía.
Pérez Molina había sido condenado en diciembre de 2022 a 8 años de prisión por enriquecerse ilegalmente durante su mandato, a través de una red que cobraba comisiones ilegales a importadores a cambio de reducir los aranceles de importación. Adicionalmente, fue condenado a 16 años de prisión por el Tribunal de Mayor Riesgo B por el caso “La Línea”, aunque esta sentencia aún no es definitiva, lo que permitió la aplicación de una medida sustitutiva para esperar la confirmación de la sentencia fuera de prisión.
Pérez Molina y su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, también fueron condenados por lavado de dinero y cohecho pasivo, con una pena de 16 años de prisión inconmutable para cada uno, y el pago de una multa de 8 millones de quetzales y un resarcimiento al Estado. Este caso puso al descubierto una estructura de defraudación aduanera que ofrecía reducción en el pago de aranceles a importadores a cambio de sobornos.
La liberación de Otto Pérez Molina, bajo condiciones económicas sustanciales, marca un nuevo capítulo en los largos procesos judiciales relacionados con casos de corrupción de alto perfil en Guatemala. Su caso sigue generando interés y debate en el ámbito político y social del país.
