El Gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, anunció el sábado su salida inmediata del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), tras denunciar el tratado constitutivo del organismo regional. La decisión fue comunicada el 3 de octubre mediante una nota oficial de su Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería nicaragüense sostuvo que la medida responde al "ejercicio pleno de su soberanía" y notificó la denuncia del tratado a la Junta Directiva del PARLACEN. El Gobierno trasladó, además, la decisión al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, país depositario del tratado, para que informe a los demás Estados miembros.

El tratado que dio origen al PARLACEN fue firmado en Guatemala el 2 de octubre de 1987, y el organismo inició sus actividades en 1991 como instancia de representación política y debate dentro del proceso de integración centroamericana.

La decisión de Managua se conoció un día después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara una resolución que reclama a Nicaragua el restablecimiento de las libertades públicas, la liberación de los presos políticos y la creación de condiciones para celebrar elecciones libres. El texto también pide restituir el espacio cívico, garantizar los derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y recuperar la independencia institucional y el pluralismo político.

En el marco de la sesión de la OEA, funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos cuestionaron la postura del Gobierno nicaragüense. El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, afirmó que Washington mantiene "todas las opciones sobre la mesa" para exigir cuentas a Managua, y señaló la falta de voluntad de diálogo del régimen, en alusión al rechazo a la embajadora estadounidense designada.