El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de Honduras anunció que investigará el reparto de plazas y el manejo de recursos públicos en la Secretaría de Educación durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre).
El magistrado presidente del TSC, Ricardo Alfredo Montes Nájera, confirmó que el ente contralor revisará cómo se usaron los fondos y si existen responsabilidades. “Haremos las investigaciones respectivas. Es necesario que el pueblo hondureño conozca la situación sobre cómo se están invirtiendo los recursos públicos”, dijo.
Responsabilidades posibles
Montes indicó que los hallazgos podrían derivar en responsabilidades administrativas y civiles. Si aparecen indicios de delito, el caso será remitido a las autoridades competentes.
“Las autoridades deben responder por lo que han hecho”, afirmó. El magistrado calificó la situación como “crítica” y sostuvo que deben aplicarse correctivos y sanciones si la investigación confirma irregularidades.
Menos alumnos, más personal
El anuncio llega después de que la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) señalara que la matrícula escolar disminuía mientras el personal de Educación aumentaba. La organización también advirtió sobre desequilibrios en la distribución de docentes y cuestionamientos en el pago de salarios.
Según registros oficiales obtenidos mediante una solicitud de información pública, la Secretaría de Educación emitió 3,664 acuerdos entre febrero de 2022 y enero de 2026, la mayoría durante la gestión del exsecretario Daniel Esponda.
Francisco Morazán recibió 716; Santa Bárbara, 636; el nivel central, 612, y Olancho, 203. De ese total, 2,215 acuerdos (61 %) fueron para conserjes, guardias de seguridad y oficinistas.
Qué sigue
El TSC deberá establecer si la contratación masiva y la concentración territorial de plazas implicaron irregularidades en el uso de fondos públicos y quiénes tendrían responsabilidad.