El presidente Bernardo Arévalo ha aceptado la renuncia de Héctor Oswaldo Samayoa Sosa como Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), tras un escándalo por nepotismo al contratar a su pareja como directora administrativa. Sin embargo, el comunicado oficial no aclara si su pareja también renunció o fue removida de su cargo.
El Gobierno de Guatemala anunció mediante un comunicado oficial que el presidente Bernardo Arévalo aceptó la renuncia de Héctor Oswaldo Samayoa Sosa, quien ocupaba el cargo de Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH). Samayoa se vio envuelto en una polémica tras conocerse que había contratado a su pareja sentimental, Mélany Maribú Escobar Díaz, como directora administrativa y financiera de la comisión.
El escándalo estalló en redes sociales y generó críticas hacia la administración de Arévalo, con acusaciones de nepotismo. En respuesta, el presidente otorgó un plazo de 48 horas para evaluar la situación y tomar medidas. Finalmente, este 4 de septiembre se informó que la renuncia de Samayoa fue aceptada y se hará efectiva el próximo 13 de septiembre, con el objetivo de garantizar una transición ordenada.
El comunicado emitido por el gobierno agradece el trabajo realizado por Samayoa durante su tiempo al frente de COPADEH, deseándole éxito en futuros proyectos. Sin embargo, una omisión significativa en el comunicado es la falta de detalles sobre el futuro de Mélany Maribú Escobar Díaz, cuya contratación generó la polémica. No se menciona si ella también presentó su renuncia o si fue removida de su cargo, lo que ha dejado abierta la especulación sobre si se tomarán medidas adicionales en el caso.
Este incidente ha puesto bajo el escrutinio público a la administración de Arévalo, que ha prometido combatir la corrupción y promover la transparencia. La falta de claridad sobre la situación de Escobar Díaz podría generar nuevas críticas, especialmente en un contexto en el que el gobierno ya ha enfrentado otras acusaciones de favoritismo en la contratación de allegados para cargos públicos.
