El Puerto Quetzal atraviesa una crisis alarmante, no solo por las largas colas de embarcaciones y las dificultades técnicas, sino también por una red de corrupción y espionaje que involucra a figuras del gobierno actual. La información proviene de fuentes anónimas del sindicato del puerto, quienes han revelado graves irregularidades que afectan a esta crucial infraestructura nacional.
La crisis en Puerto Quetzal ha encendido las alarmas debido a una acumulación de problemas operativos y legales, que incluye largas esperas de embarcaciones y dificultades técnicas. A esto se suma la incertidumbre en torno a la empresa encargada de su administración. Sin embargo, lo más preocupante es la reciente revelación de una red de espionaje y corrupción dentro del puerto, que involucra a personajes con conexiones directas al gobierno de Guatemala.
Según información compartida por fuentes internas del sindicato del Puerto Quetzal, uno de los principales implicados es Vinicio Ramírez Sequen, quien, apoyado por su padre y con conexiones a Francisco Jiménez Irungaray, ha estado recaudando comisiones para autoridades de diversos gobiernos. Esta práctica de corrupción ha continuado bajo la actual administración, junto con Werner Florencio Ovalle Ramírez, quien posee vasta experiencia desde su tiempo como intendente de aduanas.
Ambos individuos, vinculados a la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI), habrían utilizado recursos del puerto para adquirir ilegalmente un software de espionaje, permitiéndoles realizar escuchas telefónicas. Este programa de espionaje habría sido implementado con el fin de obtener información crítica para chantajear y controlar a adversarios políticos.
Entre los involucrados también figura Jorge Humberto Santizo Figueroa, actual director de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, quien habría recurrido a una red de seguridad privada para llevar a cabo seguimientos a diversas personas. A través de empresas como La Legión Seguridad, S.A. y Protección Integral, S.A., se han realizado estos seguimientos con vehículos tipo pick-up Volkswagen Amarok, operando desde zonas estratégicas como la torre “Matisses” en la zona 14.
Toda esta información recabada por medio de espionaje sería trasladada al “jardinero”, alias de Bernardo Arévalo, según las fuentes. Arévalo, vinculado directamente con esta estructura, recibiría esta información para mantener un control sobre sus adversarios políticos, revelando un patrón alarmante de abuso de poder.
