El excomandante guerrillero César Montes, condenado a 175 años de prisión por el asesinato de tres soldados en 2019, fue liberado bajo arresto domiciliario a los 82 años. La medida fue otorgada por razones humanitarias, lo que ha generado una fuerte reacción de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Guatemala, que condena su liberación y denuncia la intervención de personal diplomático en el caso.
César Montes, líder guerrillero y figura controvertida en la historia del conflicto armado en Guatemala, dejó el centro de detención Mariscal Zavala tras recibir el beneficio de arresto domiciliario. Según el abogado de Montes, la medida fue concedida por “razones humanitarias” debido a su avanzada edad. Montes había sido condenado a 175 años de prisión por el asesinato de tres soldados en 2019 y seis intentos de asesinato adicionales.
La liberación de Montes ha causado gran indignación, especialmente entre la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Guatemala, que emitió un comunicado expresando su rechazo total a la decisión judicial. En el comunicado, la Asociación recuerda el oscuro historial de Montes, destacando su participación en la masacre de Sunzapote, Zacapa, en 1966, y su implicación en la emboscada de tres soldados en 2019 en Semuy 2, El Estor, Izabal.
La Asociación también criticó la presencia de personal diplomático de las embajadas de Rusia y México durante la salida de Montes del penal, considerándolo una intromisión ilegal y una violación de la soberanía nacional de Guatemala. Según el comunicado, la protección ofrecida a Montes por estas entidades internacionales es una afrenta al sistema de justicia y al dolor de las víctimas que sufrieron por sus acciones durante el conflicto armado y otros eventos violentos.
La indignación de la Asociación de Víctimas se centra en el hecho de que, pese a la gravedad de los crímenes atribuidos a Montes, incluyendo su presunta participación en actividades de narcotráfico y violencia organizada, se le ha otorgado un trato diferenciado y se le ha permitido salir de prisión bajo la escolta de figuras diplomáticas extranjeras. Esto, según la Asociación, no solo deshonra la memoria de las víctimas, sino que también representa una burla hacia el sistema judicial de Guatemala.
El comunicado concluye con una exigencia clara hacia el Gobierno de Guatemala y la comunidad internacional: que cesen inmediatamente las presiones indebidas sobre el sistema judicial guatemalteco y que se respete la soberanía del país en la aplicación de la justicia. Además, pide que se le aplique todo el peso de la ley a Montes, para que rinda cuentas por todos los crímenes que se le atribuyen.
