La noche de ayer, el Congreso de la República aprobó nuevamente la polémica ampliación presupuestaria solicitada por el Ejecutivo. A pesar del amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC) debido a irregularidades legales en la primera aprobación, la alianza oficialista logró su objetivo, suscitando críticas y dejando en evidencia las divisiones y negociaciones dentro del hemiciclo.
La sesión plenaria comenzó con un ambiente tenso, marcado por la expectativa de que la alianza oficialista buscaría una forma de pasar la ampliación presupuestaria, tal como ya lo habían anticipado varios diputados de la oposición. Aunque el amparo provisional de la CC, que cuestionaba la legalidad del primer intento de aprobación, aún no estaba en firme, el oficialismo presentó una nueva iniciativa para aprobar la solicitud de ampliación por la vía de urgencia nacional.
La votación inicial quedó estancada en 99 votos, insuficientes para avanzar, lo que evidenció la necesidad de nuevas negociaciones por parte de la bancada oficialista. Fue entonces cuando los miembros de la bancada UNE, bajo la dirección del diputado Inés Castillo, fueron convencidos para sumar sus votos a la causa. Con su apoyo, se alcanzaron los 113 votos necesarios para proceder con la aprobación artículo por artículo de la modificada solicitud de ampliación presupuestaria.
Este nuevo proyecto ya incluía todas las enmiendas que habían sido realizadas en la primera versión, lo que agilizó el proceso de aprobación. No obstante, los diputados de la oposición aprovecharon la oportunidad para expresar su rechazo, argumentando que la resolución del amparo por parte de la CC aún estaba pendiente, lo que convertía esta nueva aprobación en un acto prematuro y posiblemente ilegal.
Al concluir la sesión, quedó claro que la aprobación de la ampliación presupuestaria era un objetivo innegociable para la alianza oficialista. Las dos aprobaciones consecutivas, ambas bajo sospecha de irregularidades legales, han generado preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad del proceso.
