En un movimiento que ha generado amplias discusiones y críticas, el presidente Bernardo Arévalo ha sido acusado de realizar una reunión privada con diputados de diversos bloques para solicitar apoyo en una propuesta de ampliación presupuestaria de Q16 mil millones. Esta solicitud incluiría recortes significativos a instituciones clave como el Organismo Judicial, el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y la Universidad de San Carlos (USAC), generando preocupación sobre el impacto en el sistema de justicia y educación superior.
El diputado Allan Rodríguez, del bloque Vamos, denuncio que en dicha reunión se ofrecieron Q10 millones a los diputados que respaldaran la medida. Aunque dos diputados del mismo bloque asistieron a la reunión, estos actuaron independientemente y sin el conocimiento previo de su partido. Las declaraciones del diputado han provocado una reacción inmediata del presidente Arévalo, quien a través de su cuenta en la red social X desmintió estas acusaciones y anunció que se tomarían acciones legales pertinentes.
Sin embargo, el Ministro de Finanzas confirmó que efectivamente se llevó a cabo una reunión en el Palacio Nacional para discutir el apoyo al presupuesto, aunque negó que se hubieran hecho ofrecimientos monetarios para obtener dicho apoyo. Esta confirmación fue apoyada por el presidente, quien admitió la invitación a dos diputados del bloque Vamos, pero rechazó las acusaciones de Rodríguez sobre ofrecimientos indebidos.
La situación ha escalado al Congreso, donde una sesión plenaria programada fue cancelada por falta de quórum, evidenciando la sorpresa y las divisiones entre los legisladores tras la revelación de la reunión. La crisis no solo se limita a los pasillos del poder, sino que ha resonado entre la población y analistas políticos, quienes expresan su preocupación por las intenciones detrás de la ampliación presupuestaria, especialmente en un contexto donde el presidente enfrenta disputas con instituciones de justicia relacionadas con investigaciones de corrupción.
