En una reciente cadena nacional, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, lanzó críticas hacia la fiscal general, Consuelo Porras, y el Ministerio Público. Arévalo acusó a la institución de no alinearse con su campaña contra la corrupción y anunció una propuesta de ley que modificaría la ley orgánica del Ministerio Público para permitir la destitución del fiscal general a discreción del presidente.
El presidente Arévalo presentó una iniciativa de ley que busca restaurar la facultad presidencial de remover al fiscal general por motivos que incluyen el mal desempeño y, controversialmente, cualquier “inclinación política” contraria a la del mandatario. Esta propuesta ha generado preocupaciones sobre la pérdida de autonomía de la entidad, ya que no se definen claramente los criterios para determinar una “inclinación política”.
El artículo 14 modificado propuesto especifica que la justificación para la remoción puede incluir la comisión de un delito doloso, el mal desempeño o una supuesta parcialidad política. Además, el presidente evaluará anualmente el desempeño del fiscal general, y decidirá sobre su continuidad en el cargo. La propuesta también estipula que cualquier fiscal general acusado de un delito será suspendido, y en caso de ser condenado, destituido inmediatamente una vez la sentencia sea firme.
Analistas políticos, incluyendo a Carlos Hoffman, señalan que aunque el presidente Arévalo logre el apoyo del Congreso para su iniciativa, no podría aplicarse retroactivamente para destituir a la actual fiscal general, Consuelo Porras, debido al principio de irretroactividad de la ley establecido en el artículo 15 de la Constitución. Esto significa que cualquier cambio solo afectaría al sucesor de Porras. La situación sigue siendo un foco de intensos debates sobre la independencia judicial y la lucha contra la corrupción en Guatemala.
