El Ministerio de Gobernación ha creado la “Instancia de Análisis de Ataques contra el Derecho de Personas, Organizaciones, Comunidades y Autoridades de los Pueblos Originarios, a Defender Derechos Humanos”. Este nuevo organismo tiene como función principal analizar los patrones de ataques contra defensores de derechos humanos, incluyendo la “criminalización” de activistas, y estará activo por un periodo de 10 años prorrogables.
La creación de la Instancia de Análisis se formalizó a través del Acuerdo Ministerial Número 214-2024, publicado el 28 de agosto de 2024. Este organismo se constituye como un ente participativo que integra a instituciones del Estado, organizaciones defensoras de derechos humanos, autoridades de pueblos originarios, y representantes de ONGs tanto nacionales como internacionales. Su propósito es analizar, en contexto, los patrones de ataques que afectan a las personas y comunidades defensoras de derechos humanos, especialmente aquellas pertenecientes a pueblos originarios.
La formación de esta instancia se da en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de defensores de derechos humanos en Guatemala. Según el acuerdo, la instancia también se enfocará en la elaboración de recomendaciones para la investigación de estos casos y en la implementación de medidas de protección para prevenir futuros ataques.
El acuerdo especifica que la instancia contará con la participación de la sociedad civil y la cooperación internacional, lo que ha generado diversas interpretaciones respecto a su rol. Mientras algunos lo ven como un avance en la protección de los derechos humanos, otros temen que se convierta en un organismo paralelo al Ministerio Público (MP) y a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Este nuevo organismo surge después de la aprobación de la ampliación presupuestaria en el Congreso, lo que ha generado el espacio financiero necesario para su implementación. La ampliación presupuestaria ha sido tema de controversia, y ahora se ve cómo facilita la creación de nuevas instancias como esta, que podrían influir en la dinámica entre las autoridades gubernamentales y las organizaciones de derechos humanos.
