Grupos encapuchados vinculados a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) han anunciado manifestaciones y bloqueos para este miércoles 26 y jueves 27 de marzo en distintos puntos de la Ciudad Capital. Las protestas se realizarán en rechazo a las recientes disposiciones emitidas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) relacionadas con el uso del Código Único de Identificación (CUI) como Número de Identificación Tributaria (NIT).
El Comisionado contra la Corrupción, Julio Flores, anunció que dará seguimiento a las compras realizadas por la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), reconociendo que esta institución posee amplias facultades de adquisición. También fue cuestionado por los esquemas de seguridad asignados al secretario de comunicación social, Santiago Palomo.
A pocas horas de que se revelaran documentos oficiales de la SAAS que evidencian gastos en un baby shower organizado para el nieto de la primera dama, el portal de Guatecompras —la principal plataforma de transparencia del Estado— dejó de funcionar.
Un documento oficial de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) revela que la institución pagó un desayuno para un evento de baby shower celebrado el 1 de marzo de 2025, en el que se sirvieron fresas con chocolate, panacotas tricolor y cupcakes de vainilla con dulce de leche.
Un contingente de cientos de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentra desplegado en el caserío Tierra Nueva Chinapetén, en la aldea Seconti, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, a la espera de la orden judicial para ejecutar el desalojo de una finca propiedad de Fedecovera, actualmente habitada por 38 familias campesinas.
Líderes de distintas comunidades indígenas de Guatemala se pronunciaron rn las afueras del Palacio Nacional para exigir que se atiendan sus demandas. En representación de varios pueblos originarios, Jorge González, vicealcalde indígena de Rabinal, Baja Verapaz, expresó su rechazo a algunas decisiones del gobierno central mientras la población enfrenta hambre, abandono en la red vial y desatención en temas generales por parte del Ejecutivo.
El secretario de Inteligencia Estratégica, Christian Espinoza, compareció ante el Congreso para explicar el papel de su dependencia durante la crisis que generó bloqueos a nivel nacional por el seguro obligatorio. Durante su intervención, Espinoza dejó claro que la Secretaría no participó en el diseño ni en la aprobación del acuerdo gubernativo.
La activista Crista Walters, en representación del Movimiento Cívico Nacional (MCN), se presentó este viernes al Congreso de la República para entregar urnas con más de 5 mil firmas recolectadas por ciudadanos guatemaltecos en rechazo al reciente aumento salarial de los diputados.
Liderados por el vicealcalde indígena de Rabinal, Jorge González, representantes de los pueblos originarios de Guatemala llegaron este lunes al Congreso para entregar un documento de exigencias que, según indicaron, responde a una convocatoria de la Junta Directiva de los 48 Cantones. La delegación indígena dejó claro que su presencia no responde a intereses partidarios ni personales, sino a la demanda directa de la población guatemalteca.
La Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, junto a autoridades ancestrales de varios departamentos del país, emitió un comunicado en el que exigen la derogación total del seguro obligatorio impuesto por el gobierno y el Congreso de la República. La postura fue ratificada en una asamblea celebrada el 22 de marzo en la sede de los Baños de Agua Caliente.
Durante la intervención, Whitbeck reveló que el Inguat destinó Q5 millones para la realización de un reportaje fotográfico en la reconocida revista National Geographic, como parte de una estrategia para promocionar Guatemala como destino turístico.
El próximo 9 de abril entrará en vigor el Decreto 31-2024, una nueva legislación tributaria que ha generado fuertes críticas por parte de expertos y sectores productivos debido a sus implicaciones legales, sociales y económicas. Lejos de simplificar o modernizar el sistema fiscal, esta normativa representa un serio retroceso que podría vulnerar derechos fundamentales de los guatemaltecos y abrir la puerta a actividades ilícitas.