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En marzo de este año, la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán fue contundente: “no tenemos ningún vínculo” con Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez, exlíder de la organización y actual viceministro del Ejecutivo, capturado esta semana por delitos como sedición, terrorismo y obstrucción a la justicia. Sin embargo, este 24 de abril, el discurso cambió radicalmente.
En un nuevo comunicado, los 48 Cantones ahora acusan al Ministerio Público de criminalizar la lucha indígena y condenan las órdenes de aprehensión. Llaman incluso a la comunidad internacional a pronunciarse, en lo que parece una defensa directa de Pacheco, pese a que hace apenas semanas se desmarcaron completamente de él.
¿Qué pasó entre tanto? ¿Qué llevó a una organización que se declaraba autónoma a salir en defensa de un funcionario nombrado políticamente y ahora vinculado a graves delitos?
El cambio de tono deja más preguntas que respuestas, sobre todo cuando se sabe que organizaciones relacionadas a los 48 Cantones han recibido más de 864 mil dólares entre 2022 y 2023 de agencias internacionales como USAID. ¿Tuvo algo que ver ese respaldo en este viraje público? ¿Se trata de una defensa legítima o de un alineamiento con quienes les ofrecieron cuotas de poder como la Gobernación de Totonicapán o un viceministerio?
Mientras el Ejecutivo guarda silencio y algunos sectores intentan desacreditar las investigaciones, el Ministerio Público continúa actuando con base en resoluciones judiciales y bajo el debido proceso. Incluso frente a ataques directos del presidente Bernardo Arévalo, el MP reafirmó su autonomía y su compromiso con la ley, advirtiendo que pretender desobedecer órdenes judiciales o reformar la institución para remover a la fiscal general es una amenaza directa al estado de derecho.
¿Estamos ante una defensa de los derechos indígenas, o ante una estructura que ya responde a otros intereses?
