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Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez, viceministro de Desarrollo Sostenible capturado por delitos de sedición, terrorismo y obstrucción a la justicia, fue trasladado este jueves al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, que es el juzgado contralor natural del caso. Sin embargo, sus abogados insisten en forzar un traslado al juzgado de turno, una maniobra que ha encendido las alertas jurídicas.
La defensa alega supuestos retrasos procesales, pero fuentes judiciales indican que el objetivo real sería intentar obtener una resolución favorable a través de un juzgado que no conoce el caso, con posibilidades de que se le otorgue una medida sustitutiva o incluso una falta de mérito, esquivando así el control del juez competente que ha dado seguimiento a la investigación desde su inicio.
El Ministerio Público ha señalado en varias ocasiones que este caso se basa en pruebas sólidas y que fue judicializado con todas las garantías legales. Pacheco, exlíder de los 48 Cantones, fue nombrado por el presidente Bernardo Arévalo como parte de los acuerdos políticos tras los bloqueos de 2023, y ahora enfrenta cargos penales por su presunta participación en esos hechos.
Este intento de reubicar el caso podría representar una grave interferencia en el debido proceso, y refleja la estrategia de ciertos sectores por utilizar el sistema judicial para proteger políticamente a sus aliados. La presión sobre los tribunales será clave en las próximas horas.
