Telegram
WhatsApp
Desde que asumió el poder el 14 de enero de 2024, el gobierno de Bernardo Arévalo ha avanzado con rapidez en el control de instituciones clave para la configuración del sistema de justicia y el poder político en Guatemala. Dos de estas ya están bajo fuerte influencia del oficialismo: la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Todo indica que el siguiente objetivo es la Universidad de San Carlos (USAC).
La reciente elección de Werner Ovalle como jefe de la SAT para el período 2025-2030 no solo coloca a un operador afín al Ejecutivo en una de las instituciones recaudadoras más importantes del país, sino que abre la puerta a un riesgo mayor: el uso de esa estructura para perseguir adversarios políticos y actores incómodos para el gobierno. Ovalle ocupaba el quinto viceministerio del Ministerio de Gobernación, a cargo de estrategias contra el narcotráfico y crimen organizado. La vacante aún no ha sido llenada, generando incertidumbre sobre la continuidad de esa agenda de seguridad.
Por otro lado, el control del CANG se consolidó con la victoria de la Planilla 10, conformada en su mayoría por funcionarios vinculados al oficialismo. Entre ellos, asesores del Congreso, personal activo en el MinFin, MAGA, Mineco, y un asesor procesado en el caso “Corrupción Semilla”. La importancia del CANG es fundamental: integra comisiones de postulación para la elección del Fiscal General del MP, magistrados de la CSJ, Cortes de Apelaciones y Corte de Constitucionalidad.
El involucramiento del gobierno en ese proceso fue evidente. Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, utilizó recursos del Estado y las instalaciones del Palacio Nacional para grabar un video llamando al voto en las elecciones del CANG. Aunque no mencionó una planilla específica, se interpreta como un acto de promoción indirecta de la Planilla 10. El hecho podría constituir peculado por uso, según el artículo 445 Bis de la Ley contra la Corrupción.
Ahora, todas las miradas se dirigen hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Aunque no está directamente relacionada con la SAT o el CANG, la USAC tiene peso en las comisiones de postulación que seleccionan a los magistrados de las más altas cortes del país, así como al Fiscal General. El control de su representación académica es una ficha clave para influir en esas decisiones.
Lejos del discurso de independencia y transparencia con el que se vendió el actual gobierno, las acciones apuntan a una estrategia coordinada de cooptación institucional, que amenaza el equilibrio democrático y el sistema de pesos y contrapesos en el país.
