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Carlos Monge Velásquez, exdirector de Aeronáutica Civil, presentó una denuncia en el Ministerio Público contra el presidente Bernardo Arévalo y otros funcionarios, señalándolos por presunta negligencia tras un incidente aéreo ocurrido en el Aeropuerto Internacional La Aurora. El exfuncionario advirtió que dos aviones comerciales estuvieron a punto de chocar el lunes pasado, lo que, según él, pone en riesgo la vida de pasajeros y expone al país a sanciones internacionales por fallas en los estándares de seguridad aérea.
El lunes reciente, un incidente aéreo en el Aeropuerto Internacional La Aurora encendió las alarmas, cuando dos aviones comerciales estuvieron peligrosamente cerca de colisionar, un hecho que, según expertos, es altamente inusual en aeropuertos internacionales. Carlos Monge Velásquez, exdirector de Aeronáutica Civil, calificó el incidente como una grave negligencia y responsabilizó al presidente Bernardo Arévalo y a otros funcionarios por lo que considera un «abandono» en la administración y capacitación del personal de control aéreo.
En su denuncia presentada ante el Ministerio Público, Monge Velásquez señaló que el personal encargado de las torres de control no cuenta con la capacitación necesaria para gestionar con precisión los despegues e ingresos de vuelos, lo que aumenta el riesgo de accidentes aéreos. Según Velásquez, esta situación se agrava aún más por la falta de nombramiento de un director titular que garantice una adecuada supervisión de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
“El hecho de que no se haya nombrado a un director que se haga cargo de la administración de la aviación civil es una negligencia que pone en peligro la vida de las personas. Guatemala está en el ojo del huracán ante las organizaciones de aviación internacional, y este tipo de fallas podría resultar en sanciones graves para el país”, expresó Monge Velásquez.
El exdirector también destacó que, más allá del riesgo a vidas humanas, el incidente podría tener repercusiones catastróficas en la reputación del país a nivel internacional, afectando su posición frente a organismos como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que evalúan los estándares de seguridad de los aeropuertos.
