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Un informe recientemente revelado expone que la organización ancestral de los 48 Cantones de Totonicapán —actualmente bajo investigación por su implicación en bloqueos, disturbios y acciones hostiles contra el Ministerio Público— ha sido durante años beneficiaria directa de fondos provenientes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Según el documento, USAID canalizó recursos millonarios a través de programas como Tejiendo Paz y Raíces Comunitarias, orientados a “fortalecer la gobernanza local” y “posicionar a los 48 Cantones como actores clave del diálogo social”. Esta cooperación, que se presenta como técnica y humanitaria, ha sido interpretada por diversos sectores como una forma de injerencia diplomática encubierta, especialmente al considerar que muchas de las posturas asumidas por estas estructuras ancestrales se alinean estratégicamente con los intereses del Gobierno estadounidense y sus representantes en el país .
No es coincidencia que las protestas más mediáticas de los últimos años, incluyendo el prolongado bloqueo al edificio central del Ministerio Público —que impidió el avance de investigaciones por más de 200 días—, hayan contado con el protagonismo de líderes vinculados a estos grupos. Tampoco lo es que, a pesar de las evidencias de violencia y coacción, no se haya visto una sola condena por parte de la Embajada de EE. UU., institución que, por el contrario, ha publicado reportes de inteligencia anticipando sus acciones, casi como si se tratara de aliados operativos y no de manifestantes con una agenda política clara .
El informe plantea una pregunta que pocos se atreven a hacer públicamente: ¿Está USAID usando sus fondos para intervenir en la política interna guatemalteca a través de estructuras ancestrales con rostro de legitimidad comunitaria, pero con fines estratégicos? Y más aún: ¿Hubo algún tipo de presión o incentivo económico para que sectores radicales que antes promovían la confrontación ahora aparezcan desmarcándose de figuras como Luis Pacheco?
Las cifras no mienten. El documento menciona asignaciones por más de $864,000 entre 2022 y 2023 solo en rubros ligados directamente a organizaciones vinculadas a los 48 Cantones. Todo esto en pleno ciclo electoral, donde sus líderes jugaron un papel clave respaldando al actual gobierno.
El silencio del Ejecutivo y su defensa férrea ante cuestionamientos contra estos grupos solo incrementa las sospechas. La ciudadanía merece respuestas claras y un alto a toda forma de manipulación política encubierta bajo proyectos de “cooperación internacional”.
