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Este lunes 31 de marzo, salubristas a nivel nacional iniciaron bloqueos y marchas para exigir mejores condiciones laborales y abastecimiento en hospitales. Sin embargo, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo ha respondido con la amenaza de medidas represivas, autorizando al Ministerio de Gobernación el uso de la fuerza para impedir estas manifestaciones, a pesar de que en el pasado apoyó acciones similares cuando le beneficiaban políticamente.
A primera hora del lunes, trabajadores de salud afiliados a distintos sindicatos salieron a manifestar en al menos 17 puntos del país, según informó la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial). Las demandas de los salubristas son claras: aumentos salariales, condiciones laborales dignas, cumplimiento de promesas incumplidas por las autoridades de salud y solución al desabastecimiento que afecta a los hospitales públicos.
Pese a que estas protestas fueron anunciadas desde el fin de semana, el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, intentó impedirlas legalmente mediante un amparo que buscaba restringir el derecho a la manifestación. Posteriormente, el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, confirmó que el Ministerio de Gobernación ya estaba actuando para hacer cumplir dicha resolución:
“El Ministerio de Gobernación ya está atendiendo esta situación para hacer cumplir el amparo provisional otorgado”, declaró.
Esta postura represiva contrasta fuertemente con la actitud que el mismo gobierno adoptó durante las manifestaciones de 2023, cuando miles de personas bloquearon el país por más de un mes en apoyo al partido oficialista Movimiento Semilla y la presidencia de Bernardo Arévalo. En aquel entonces, las autoridades no solo toleraron las acciones, sino que incluso las respaldaron públicamente como una expresión democrática.
Hoy, sin embargo, el gobierno demuestra una clara doble moral, criminalizando las demandas legítimas de trabajadores que buscan mejores condiciones para brindar atención médica a la población.
