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Nueva normativa genera preocupación por costos adicionales y sanciones severas
El Gobierno de Guatemala ha publicado en el Diario de Centro América una serie de acuerdos gubernativos que imponen la contratación obligatoria de seguros de responsabilidad civil para motociclistas, propietarios de automóviles particulares, transporte urbano y de carga. La medida, que supuestamente busca garantizar indemnizaciones por accidentes de tránsito, representa una nueva carga económica para los guatemaltecos, quienes deberán asumir los costos de estas pólizas o enfrentar fuertes sanciones.
Detalles de la normativa y sanciones
Los acuerdos gubernativos establecen requisitos estrictos, con coberturas mínimas elevadas y multas considerables para quienes no cumplan:
• Motociclistas: Según el Acuerdo Gubernativo 46-2025, deberán contratar un seguro con una cobertura mínima de 100 salarios mínimos mensuales. La multa por no tenerlo será de 500 quetzales, y en caso de accidente sin seguro, el castigo se eleva a 2,000 quetzales.
• Vehículos particulares: El Acuerdo 47-2025 establece que los propietarios de automóviles deberán contratar un seguro con una cobertura mínima de 200 salarios mínimos mensuales. Las sanciones van desde 800 hasta 3,200 quetzales, lo que podría afectar especialmente a quienes dependen de su vehículo para trabajar.
• Transporte urbano de pasajeros: El Acuerdo 48-2025 exige que los autobuses y microbuses cuenten con un seguro de al menos 400 salarios mínimos mensuales. Las multas oscilan entre 4,000 y 15,000 quetzales, además de que el transporte será detenido hasta que se garantice la reubicación de los pasajeros en otra unidad asegurada. Esto podría generar interrupciones en el servicio y afectar a miles de usuarios diariamente.
• Transporte de carga (más de tres toneladas): El Acuerdo 49-2025 impone las mismas exigencias y sanciones que el transporte de pasajeros. Los empresarios del sector advierten que estos costos adicionales se trasladarán a los consumidores, encareciendo aún más los productos de primera necesidad.
Controles y posibles abusos
La normativa exige que todos los conductores porten una constancia del seguro en formato impreso o digital con un código QR para su validación. Además, las aseguradoras y municipalidades deberán informar al Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset) sobre los accidentes registrados. Esto abre la puerta a posibles fiscalizaciones arbitrarias y aumentos en las tarifas de las aseguradoras, que ahora tienen el mercado asegurado por imposición gubernamental.
Las regulaciones entrarán en vigor en 45 días, un plazo que muchos consideran insuficiente para adaptarse a la nueva carga económica. Además, la normativa no exime a los conductores de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales, lo que significa que, aun con seguro, podrían enfrentar procesos legales costosos.
Aunque el Gobierno justifica esta medida como una forma de garantizar compensaciones en caso de accidentes, el impacto real podría traducirse en costos excesivos para los ciudadanos, paralización del transporte y abusos en las fiscalizaciones. A pocos días de su entrada en vigor, miles de conductores y transportistas enfrentan la incertidumbre de cómo cumplir con esta nueva imposición sin afectar su estabilidad económica.
