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Lacunas legales generan criminalización de adolescentes en relaciones consentidas
Durante una reunión de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso, diputados de diversas bancadas discutieron iniciativas de ley en favor de menores de edad víctimas de violencia sexual. Sin embargo, una declaración de la jueza Carol Yesenia Berganza Chajón generó controversia al señalar que el 80% de los menores procesados en los Juzgados de Menores en Conflicto con la Ley Penal están en esa situación por haber tenido relaciones sexuales antes de los 18 años, sin que necesariamente se trate de casos de abuso.
Según la jueza, el problema radica en la legislación guatemalteca, que no contempla otra figura legal para describir estas situaciones más allá del delito de violación, lo que ha llevado a que adolescentes enfrenten procesos judiciales cuando los padres de familia descubren que sus hijos han mantenido relaciones sexuales.
¿Criminalización de la sexualidad adolescente?
Durante la mesa de diálogo, la jueza Berganza explicó que muchos de estos casos surgen cuando los padres, al enterarse de que sus hijos han tenido relaciones sexuales, acuden a las autoridades para denunciar un supuesto abuso. Sin embargo, debido a que el Código Penal no distingue entre una relación consentida entre adolescentes y una agresión sexual, los menores terminan enfrentando procesos legales por delitos graves.
“La legislación guatemalteca no contempla otra figura para describir esta conducta, por lo que cuando los padres presentan la denuncia, las autoridades deben proceder como si se tratara de un caso de violación”, detalló la jueza.
Diputados buscan soluciones, pero sin consensos claros
Los legisladores presentes en la reunión manifestaron preocupación por la situación, aunque no hubo consenso sobre cómo abordar el problema sin debilitar las leyes contra la violencia sexual. Algunos diputados señalaron que es necesario diferenciar entre relaciones consentidas entre menores de edad y verdaderos casos de abuso, para evitar que adolescentes sean tratados como criminales.
Sin embargo, otros advirtieron que modificar la legislación podría abrir la puerta a interpretaciones peligrosas que faciliten la impunidad en casos reales de agresión sexual contra menores.
El debate sobre cómo la ley guatemalteca trata a los menores en relación con la sexualidad sigue siendo un tema delicado. Mientras las normativas actuales no hagan una distinción clara entre abuso y relaciones consentidas entre adolescentes, cientos de menores seguirán enfrentando procesos judiciales que podrían marcar sus vidas para siempre.
