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El presidente Bernardo Arévalo reaccionó con furia tras la captura de Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez, su viceministro y exlíder de los 48 Cantones, vinculado por el Ministerio Público a delitos gravísimos como sedición, terrorismo, asociación ilícita y obstrucción a la justicia.
Lejos de condenar los hechos o respaldar las investigaciones, Arévalo desvió el foco y lanzó un mensaje político incendiario: prácticamente pidió al Congreso que remueva a la fiscal general Consuelo Porras y que la Junta Directiva actúe con urgencia. Las declaraciones fueron interpretadas como un intento desesperado de blindar a sus allegados, incluso si eso implica romper el orden constitucional.
Pacheco fue designado como parte de los compromisos del presidente con los 48 Cantones, quienes en 2023 encabezaron bloqueos en apoyo a su causa. Hoy, ese mismo pacto le explota al Ejecutivo, pero Arévalo prefiere atacar a las instituciones antes que asumir responsabilidad por haber otorgado cuotas de poder a actores radicales.
Su reacción, vista por juristas como una injerencia directa y peligrosa contra el sistema de justicia, confirma los temores de quienes advirtieron que el discurso de lucha contra la corrupción era solo fachada. El presidente no solo evade dar explicaciones, sino que ahora pretende socavar al Ministerio Público para proteger a sus aliados.
La democracia está en riesgo cuando quien debe respetar la ley busca debilitarla para defender intereses políticos.
