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En una demostración pública de unidad política, el presidente Bernardo Arévalo, acompañado por su gabinete de ministros y representantes de autoridades indígenas ancestrales, incluidos los 48 Cantones de Totonicapán, reiteró su exigencia de renuncia a la fiscal general Consuelo Porras. El acto, que tuvo características similares a las movilizaciones de 2023, se centró en una narrativa de lucha contra el denominado «pacto de corruptos» y en la necesidad de reformar la Ley del Ministerio Público.
Durante el evento, realizado en la Ciudad de Guatemala, se leyeron comunicados que repitieron el mensaje impulsado por el oficialismo desde el inicio de esta administración: la remoción de la jefa del Ministerio Público, a quien el presidente Arévalo y sus aliados responsabilizan por supuestas acciones que han obstaculizado la lucha contra la corrupción. Sin embargo, estos señalamientos se producen en un contexto donde la Fiscal ha sido conocida por investigar casos que afectaron directamente al cancelado partido Movimiento Semilla.
En su intervención, el presidente Arévalo se mostró visiblemente molesto al ser cuestionado por periodistas sobre su promesa de campaña de destituir a la fiscal Porras. Respondió que no puede tomar acciones ilegales para cumplir esa promesa, y reiteró que la salida de la fiscal depende de una reforma legislativa que modifique la actual Ley del Ministerio Público. Pese a ello, evitó referirse a la irretroactividad de la ley, principio jurídico que impediría aplicar cualquier cambio normativo a la actual fiscal, lo cual solo afectaría a futuros funcionarios del MP tras la elección de 2026.
La conferencia no ofreció soluciones concretas ni avances institucionales. Las autoridades indígenas no confirmaron si promoverán nuevas protestas o bloqueos, pero tampoco descartaron esta posibilidad. Por su parte, el presidente hizo un llamado a la ciudadanía a “defender la democracia”, en una frase que para algunos sectores críticos se traduce en respaldar exclusivamente los intereses políticos del círculo del extinto Movimiento Semilla.
Cabe recordar que las movilizaciones de 2023, organizadas bajo una bandera similar, afectaron gravemente la economía nacional, causando pérdidas millonarias y elevando los precios de la canasta básica, cuyos efectos siguen presentes en los bolsillos de los guatemaltecos.
