En seguimiento a la investigación publicada el día de ayer por TVGT Noticias sobre la presunta red de espionaje que estaría operando en Puerto Quetzal y en la que, según denuncias, se encontrarían implicados el presidente Bernardo Arévalo de León y otros funcionarios de alto rango, se realizó una consulta formal al Ministerio Público (MP) para conocer el estado del caso.
El MP ha respondido oficialmente:
“El miércoles 11 de septiembre se recibió una denuncia en la cual se hace referencia a una supuesta estructura dedicada a realizar seguimientos ilegales y escuchas telefónicas ilícitas. En dicha denuncia se mencionan a varias personas, entre ellos el presidente Bernardo Arévalo de León y funcionarios como Francisco Jiménez, Santiago Palomo, Vinicio Ramírez, así como Alejandro Lizana Cortopassi. La denuncia ha sido remitida a la Fiscalía contra la Corrupción para su investigación, en relación con posibles delitos de cohecho pasivo y tráfico de influencias.”
Este comunicado confirma que la denuncia ha sido formalmente registrada y que la Fiscalía contra la Corrupción ha asumido el caso, lo cual valida las preocupaciones sobre la posible existencia de una estructura criminal que estaría liderada por el presidente, bajo el alias “El Jardinero”. Esta estructura, según las acusaciones, estaría involucrada en la realización de escuchas ilegales y otros delitos graves en Puerto Quetzal.
Próximos pasos en la investigación
El desarrollo de esta investigación podría conllevar a una solicitud de retiro de antejuicio para el presidente Bernardo Arévalo y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, ya que ambos gozan de inmunidad. Los otros implicados en la denuncia, como Vinicio Ramírez y Alejandro Lizana Cortopassi, no cuentan con dicha protección, por lo que las investigaciones en su contra podrían avanzar con mayor rapidez.
El país sigue con atención este caso, que amenaza con generar un fuerte impacto político y judicial en Guatemala. TVGT Noticias continuará proporcionando actualizaciones sobre el curso de las investigaciones y las posibles acciones legales que el MP pueda tomar en los próximos días. La expectativa está puesta en que se haga justicia y se aclare la verdad detrás de estas graves acusaciones, que comprometen tanto la seguridad como la transparencia de las instituciones del Estado.
