El 28 de junio, con gran revuelo, las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob), incluyendo al ministro, anunciaron la incautación del segundo cargamento más grande de drogas del año en el puerto Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios. La empresa colombiana Carval fue señalada como la remitente de los 140 sacos decomisados, que inicialmente dieron positivo en una prueba rápida para cocaína. Sin embargo, posteriores análisis realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) desmintieron estos resultados.
Tras un análisis exhaustivo de las sustancias, el INACIF determinó que no se trataba de cocaína, heroína, anfetaminas ni metanfetaminas, sino de productos veterinarios para cerdos y aves. Como resultado, las publicaciones previas del Mingob en redes sociales y realizadas por el ministro fueron eliminadas.
El 14 de agosto, en audiencia realizada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad para Incineraciones de Guatemala, se confirmó que los sacos no contenían drogas. Durante la audiencia, el perito del INACIF llevó a cabo pruebas más rigurosas, tanto presuntivas como instrumentales, las cuales arrojaron resultados negativos para sustancias controladas.
Ante estas pruebas, el juez ordenó la devolución de la mercancía, conforme a la solicitud del abogado defensor, y sin oposición del Ministerio Público. El cargamento, enviado por la empresa Vallecilla B y Vallecilla M y Cía. SCA Carval de Colombia, fue liberado tras determinarse que los productos eran destinados al uso veterinario.
El incidente ha generado críticas sobre la precisión de los procedimientos iniciales y la necesidad de implementar pruebas más rigurosas antes de realizar declaraciones públicas.
