A pesar de la falta de un dictamen favorable, los rumores en el Congreso indican que el Ejecutivo ya cuenta con los votos necesarios para aprobar de urgencia nacional la ampliación presupuestaria de Q14,451 millones. Según denuncias del diputado Orlando Blanco de la bancada VOS, el gobierno habría negociado un pago de Q10 millones por voto para asegurar la aprobación.
El ambiente en el Congreso de la República se ha tornado tenso ante la inminente votación de la ampliación presupuestaria solicitada por el Ejecutivo, que asciende a Q14,451 millones. Aunque la propuesta no cuenta con un dictamen favorable, fuentes internas han revelado a este medio que la administración del presidente Bernardo Arévalo ha negociado el apoyo de varios diputados mediante sobornos que alcanzarían los Q10 millones por voto.
El diputado Orlando Blanco, líder de la bancada VOS, ha sido uno de los más vocales en denunciar esta presunta compra de voluntades. Blanco afirmó que el Ejecutivo, desesperado por lograr la aprobación de la ampliación, ha optado por corromper el proceso legislativo, dejando en evidencia la incapacidad de su gobierno para manejar de manera efectiva los recursos del país.
A pesar de las críticas y las preocupaciones, la probabilidad de que la ampliación presupuestaria sea aprobada es alta. Los rumores sobre la compra de votos han generado indignación entre varios sectores, que ven esta acción como un reflejo de la debilidad y falta de transparencia del gobierno actual. Los mismos legisladores que han cuestionado la capacidad del Ejecutivo para ejecutar el presupuesto vigente podrían, ahora, ser cómplices de una maniobra que pone en riesgo la estabilidad financiera del país.
La situación es alarmante. Si bien la compra de votos aún no ha sido confirmada oficialmente, las fuentes indican que el Ejecutivo ya cuenta con los apoyos necesarios para aprobar la ampliación presupuestaria de urgencia nacional. Este escenario refuerza las críticas hacia un gobierno que, incapaz de gestionar adecuadamente los recursos, recurre a métodos cuestionables para asegurar su supervivencia política. La aprobación de esta ampliación presupuestaria podría marcar un punto de no retorno en la crisis de gobernabilidad que enfrenta Guatemala.
