En medio de una creciente controversia, el presidente Bernardo Arévalo aún no ha sancionado el decreto 8-2024, crucial para el aumento del presupuesto de los bomberos voluntarios y la asignación de fondos a los bomberos municipales departamentales. Este retraso ha generado críticas y preocupación en diversos sectores de la sociedad guatemalteca.
Durante la sesión plenaria del 11 de abril, se discutió la propuesta del estado de calamidad, que finalmente no fue aprobada en el Congreso de la República. En este contexto, se evidenció una incongruencia crítica ya que el gobierno solicitaba apoyo para combatir incendios y el mismo gobierno no agiliza el presupuesto para el funcionamiento de los bomberos: a pesar de las semanas transcurridas desde la aprobación del decreto 8-2024 por parte del Congreso, el presidente Arévalo no ha procedido a su sanción. Esta falta de acción es aún más notable dado que la bancada oficialista inicialmente votó en contra del decreto y criticó a los cuerpos de bomberos, una postura que ha causado malestar generalizado.
La situación se agrava con los retrasos del Ministerio de Finanzas en transferir los fondos correspondientes al presupuesto vigente de los bomberos, lo que ha limitado su capacidad de respuesta frente a los incendios forestales a nivel nacional. Este retraso pone en evidencia problemas más profundos en la gestión y priorización de recursos para servicios críticos de emergencia.
Es imperativo que el Ejecutivo actúe rápidamente para sancionar el decreto 8-2024 y asegure la adecuada distribución de los fondos necesarios para fortalecer la capacidad operativa de los bomberos en Guatemala. La falta de apoyo no solo socava la efectividad de los servicios de emergencia, sino que también envía un mensaje negativo sobre el compromiso del gobierno con la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.
