La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) un informe circunstanciado en seguimiento a un amparo presentado por la abogada Karen Fischer. Este amparo busca revocar los permisos de ausencia laboral a cuatro magistrados electorales que recientemente perdieron su inmunidad. Los magistrados afectados, Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, están acusados de incurrir en ilegalidades al adquirir el sistema informático utilizado en las Elecciones Generales de 2023.
Los magistrados mencionados gozan actualmente de una licencia laboral sindical hasta el primer día hábil de enero de 2024. Fischer argumenta que, al no estar integrado el pleno, no existe justicia electoral en Guatemala. Por ello, busca que estos miembros del TSE se reintegren al tribunal en tres días o que se declaren vacantes sus puestos. Además, el amparo solicita que el Congreso sesione para elegir a dos magistrados suplentes aún no nombrados y, en caso de declararse vacantes los cargos de los cuatro titulares, que el Congreso elija nuevos togados.
Anteriormente, la CSJ no había conocido antejuicios contra estos magistrados del TSE, a pesar de las solicitudes de retiro de inmunidad presentadas por el Ministerio Público (MP) dirigido por la fiscal general María Consuelo Porras. Estas solicitudes buscan iniciar un proceso legal contra los magistrados por presuntos ilícitos. La Fiscalía de Delitos Electorales y la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP han presentado solicitudes de retiro de antejuicio por separado, relacionadas con el abuso de autoridad y el incumplimiento de deberes, así como por la compra de un sistema informático para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
La CSJ ha dado trámite a la solicitud de antejuicio contra el pleno titular y suplente del TSE, pasando el expediente al Congreso. Esta medida permitirá a los diputados decidir si se retira o no la inmunidad a los magistrados implicados. La denuncia original del MP menciona “anomalías” en la contratación de la empresa Datasys para trabajos informáticos durante el periodo electoral.
