Ciudad de Guatemala, 25 de enero de 2024. El Congreso de la República de Guatemala se encuentra en un punto muerto a 25 días de iniciado el mes de enero. La incapacidad para avanzar en la agenda legislativa se atribuye en gran medida a las tensiones internas y a las acciones del Movimiento Semilla, que han generado un clima de incertidumbre y conflicto.
Las dos sesiones dirigidas por la nueva junta directiva del Congreso han estado marcadas por negociaciones opacas y la distribución de comisiones de trabajo, lo que ha suscitado críticas y preocupaciones sobre la transparencia y la eficiencia del proceso legislativo.
Uno de los puntos más controvertidos ha sido el intento fallido del Movimiento Semilla de desacatar la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC). En un movimiento considerado por muchos como completamente ilegal, la diputada Andrea Reyes presentó un acuerdo legislativo para restituir a Semilla como bancada. Esta acción provocó una respuesta inmediata del diputado Álvaro Arzú, quien advirtió sobre la ilegalidad de tal decisión y las consecuencias de no acatar las resoluciones de la CC.
El diputado Allan Rodríguez intervino, solicitando al presidente del Congreso que informara al pleno sobre una notificación reciente del Juez Fredy Orellana, que reafirmaba la suspensión de Semilla. La tensión en el hemiciclo aumentó, llevando a varios diputados a abandonar la sesión, resultando en la falta de quórum necesario y, por ende, en el levantamiento de la sesión plenaria.
La situación actual en el Congreso refleja una profunda división y un desafío a la autoridad judicial, socavando la gobernabilidad y el progreso legislativo en el país. Los observadores políticos y la ciudadanía expresan su creciente preocupación por la parálisis legislativa y la necesidad urgente de reestablecer el orden y la productividad en el Congreso de Guatemala.