En un giro de eventos sin precedentes, el Presidente Bernardo Arévalo, a través de su Secretario General, Juan Guerrero Garnica, y con el apoyo de Julio Saavedra, Procurador General de la Nación, ha lanzado una controversial acción legal contra la Fiscal General del Ministerio Público. Este audaz movimiento plantea serias interrogantes sobre la estabilidad del orden constitucional en el país. La iniciativa legal, interpretada por críticos como un intento de asegurar inmunidad frente a acusaciones de delitos cometidos tanto por él como por miembros de su partido, ha encendido alarmas sobre las verdaderas intenciones detrás de esta maniobra.
