El gobierno del presidente Bernardo Arévalo ha completado su primer mes en el poder, un periodo que ha estado plagado de desafíos y críticas en múltiples frentes. Desde su inicio, la administración Arévalo ha navegado contracorrientes significativas, incluyendo señalamientos de fraude por parte del Ministerio Público y diversas investigaciones en su contra, sin lograr avances significativos en la agenda prometida.
En las primeras dos semanas de su mandato, el presidente Arévalo se centró en buscar la renuncia de la fiscal general, un esfuerzo que finalmente fracasó. Esta iniciativa fue seguida por la creación del Grupo Especial Contra Extorsiones (GECE), una medida criticada por ser percibida más como un reciclaje de recursos heredados de la administración anterior de Alejandro Giammattei, que como una innovación en la lucha contra la delincuencia. El uso de equipo y motocicletas compradas durante el gobierno de Giammattei ha levantado cuestionamientos sobre la eficacia y la novedad de las estrategias de seguridad de Arévalo.
La seguridad pública se ha deteriorado, con un aumento notable de la delincuencia, mientras que las promesas de mejoras en este ámbito parecen haber quedado en segundo plano. Además, el uso de eventos y conferencias de prensa ha sido señalado como una estrategia para desviar la atención sobre los problemas reales del país, cuestionando la responsabilidad en el manejo de los recursos del Estado.
En el Congreso, la bancada oficial ha sido objeto de críticas por cometer ilegalidades, como la conformación de una junta directiva y comisiones de trabajo cuestionadas legalmente. La bancada Vamos, mediante amparos de la Corte de Constitucionalidad, ha logrado rectificaciones en la elección de la junta directiva y en la distribución de comisiones, evidenciando las tensiones y el conflicto político que enfrenta el gobierno de Arévalo.
Este primer mes de gobierno ha sido, sin duda, tumultuoso para el presidente Arévalo y su administración, enfrentando críticas por la gestión de la seguridad, el uso de recursos del estado y la legalidad de las acciones de su bancada en el Congreso. La capacidad del gobierno para superar estos desafíos y cumplir con sus promesas electorales será crucial para determinar el éxito de su administración en los próximos meses.
