Tras el desfile de testigos de la fiscalía de Nueva York que acusa al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández de narcotráfico y tráfico de armas, la defensa empezó a interrogar al primero de sus tres testigos, tres oficiales, con los que espera apuntalar la inocencia de su cliente.
Los abogados de Hernández, que de ser hallado culpable podría ser condenado a cadena perpetua, pidieron en vano la retirada de los cargos contra el acusado en el Tribunal del Distrito Sur de Manhattan.
En respuesta, la fiscalía afirmó que la docena de testigos -la mayoría narcotraficantes que cumplen o han cumplido condena en Estados Unidos y que recibirán a cambio una remisión de pena- y transcripciones de conversaciones presentadas durante las dos primeras semanas de juicio demostraron que conspiró para traficar con drogas y armas.
La defensa llamó como primer testigo al general hondureño Tulio Romero Palacios.
El que fuera jefe de la Guardia de Honor Presidencial, la unidad militar que protege al presidente, intentó poner un dique en torno al expresidente, del que es amigo desde el colegio.
Aunque reconoció que sabía de las relaciones del hermano del presidente Tony Hernández, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, con narcos antes incluso de que salieran a la luz y que el presidente le había pedido que le dijera que se apartara de dichas compañías.
Después de que el juez instructor Kevin Castel rechazara a otros dos testigos que pretendían dar contexto sobre la realidad electoral de Honduras y sobre las leyes contra el narcotrafíco aprobadas durante el gobierno de Hernández, este martes está previsto que suban al estrado los generales Xavier René Barrientos y Willy Joel Oseguera Rodas.
La defensa todavía mantiene el suspense sobre la eventual declaración del propio Hernández.
Desde Tegucigalpa, las Fuerzas Armadas alertaron que Romero Palacios y Oseguera Rodas se desplazaron a Nueva York “ilegalmente” ya que no pidieron permiso de las autoridades militares pertinentes, por lo que recurrirán a la justicia militar.
“Las declaraciones (…) son de responsabilidad estrictamente personal por lo tanto NO representan la posición de las Fuerzas Armadas”, señala un comunicado.
Una vez concluidos los interrogatorios, se espera que el miércoles tanto fiscalía como defensa presenten los argumentos finales antes de que la suerte del expresidente quede en manos de los 12 miembros del jurado que deben adoptar una decisión por unanimidad.
Los testigos de la fiscalía, la mayoría antiguos narcotraficantes, como Fabio Lobo, el hijo del expresidente Porfirio Lobo, y uno de los líderes del cartel de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera, o el excalde de El Paraíso, Alexander Ardón, han declarado haber sobornado al expresidente directamente o a través de su hermano Tony Hernández a cambio de su protección y la de sus mercancías.
Este lunes, el jurado recibió un curso práctico del tipo de armas que utilizan los cárteles de la droga para proteger sus cargamentos y eliminar a sus detractores.
