Un presunto cabecilla de la peligrosa Mara Salvatrucha (MS-13) fue entregado por México a El Salvador, donde está acusado de “ordenar” asesinatos, aseguró este lunes el ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
“Tras un efectivo trabajo coordinado de inteligencia, nuestra Policía Nacional Civil, en una operación combinada en suelo mexicano con las autoridades de dicho país, ubicó a Héctor Oswaldo González Pérez, alias ‘Cruel de Western’, ranflero (cabecilla) de la clica Western Locos Salvatruchos”, señaló Villatoro en su cuenta de X.
Según el ministro Villatoro, González Pérez representa “la silla 14 de las 15 que lideraban” la estructura de mando de la MS-13 en el país y es sospechoso de “ordenar los asesinatos de salvadoreños” a finales de marzo de 2022, en un sangriento fin de semana en que murieron 87 personas a manos de pandillas.
El funcionario salvadoreño no precisó en qué lugar de México ni cuándo fue detenido el presunto cabecilla pandillero.
“Hemos dado otro golpe contundente a la jerarquía de estos grupos terroristas”, sostuvo Villatoro tras advertir que “ningún pandillero escapará del brazo de la justicia”.
“Le estamos demostrando al mundo cómo se impacta al crimen organizado, si pensaron que este Estado era como los de antes, se equivocaron, tenemos sed de justicia”, remarcó el funcionario que dijo que el cabecilla será enviado al Cecot.
El Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo) es una gigantesca cárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele como símbolo de su “guerra” contra las pandillas.
La megaprisión fue inaugurada a principios de 2023, con una capacidad para 40.000 reos, y es considerada la más grande de América Latina.
Después de ese sangriento fin de semana en marzo de 2022 con 87 asesinatos atribuidos a las pandillas, el gobierno de Bukele lanzó una “guerra” contra esas bandas amparado en un régimen de excepción que es cuestionado por las organizaciones de derechos humanos.
La medida elevó la popularidad de Bukele, quien fue reelegido en las elecciones del pasado 4 de febrero para un segundo mandato de cinco años que comenzará en junio.
El régimen de excepción, que la semana pasada fue prolongado por el Congreso hasta mediados de abril, ha llevado al arresto de más de 77.000 personas, de las cuales más de 7.000 ya han sido liberadas por ser inocentes, según el gobierno.
