La reciente solicitud del presidente, Bernardo Arévalo, a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que envíe una misión de observadores durante la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, ha generado una intensa controversia en el país. Expertos señalan que esta petición podría ser ilegal por diversos motivos, principalmente porque representaría una intromisión del Ejecutivo en las competencias de otros poderes del Estado, como son el Organismo Judicial y el Organismo Legislativo, encargados constitucionalmente de la selección de dichas cortes.
La Constitución establece claramente la separación de poderes, asignando al Organismo Legislativo la responsabilidad de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a las Cortes de Apelaciones. La intervención del presidente Arévalo, solicitando el acompañamiento de un organismo internacional como la OEA en este proceso, ha sido interpretada por críticos como una acción que contraviene dicha separación, sugiriendo una injerencia indebida del poder Ejecutivo en asuntos judiciales.
Los especialistas argumentan que esta solicitud no solo es inusual sino que podría sentar un precedente negativo, al solicitar la injerencia extranjera en un proceso que debería ser enteramente gestionado por el Estado guatemalteco. Además, se sugiere que tras esta petición se esconde la intención del gobierno de influir en la selección de magistrados para promover candidatos afines al partido oficial, lo que podría comprometer la independencia judicial y cooptar los poderes del Estado.
