La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala ha intensificado sus esfuerzos para asegurar que los contribuyentes que ofrecen servicios de arrendamiento ocasional de inmuebles para vacaciones, alojamiento u hospedaje cumplan con sus obligaciones fiscales, incluyendo la emisión de facturas.
En una reciente conferencia de prensa, el Superintendente Marco Livio Díaz, junto a Oscar Hernández, Intendente de Fiscalización, revelaron detalles sobre las verificaciones realizadas a través de un intercambio de información con Irlanda, donde se encuentra la sede de Airbnb, una de las mayores compañías de arrendamiento de inmuebles para vacaciones.
Durante los años 2021 y 2022, se descubrió que más de 7,242 inmuebles en Guatemala fueron arrendados sin que los propietarios estuvieran registrados ante el fisco, emitiendo facturas o declarando de forma correcta sus ingresos. Los ingresos no declarados por estos arrendamientos ascendieron a más de 866 millones de quetzales (aproximadamente 109 millones de dólares).
Esta situación ha llevado a la SAT a priorizar la fiscalización de este segmento del mercado, con el objetivo de recuperar los impuestos evadidos y asegurar la legalidad en las transacciones de arrendamiento vacacional.
El Superintendente Díaz ha hecho un llamado a los consumidores para que exijan facturas al adquirir servicios de arrendamiento vacacional y denuncien cualquier irregularidad. La SAT continúa trabajando en mecanismos de control y colaboración internacional para combatir la evasión fiscal en todos los sectores.