En un giro preocupante dentro del ámbito político, Samuel Pérez, diputado por la bancada INDEPENDIENTE, se encuentra al centro de una controversia por supuestas compras de votos en el Congreso. El objetivo de estas negociaciones sería lograr una drástica reducción del presupuesto destinado al sector justicia, incluyendo entidades cruciales como la Corte de Constitucionalidad, el Organismo Judicial y el Ministerio Público.
Según congresistas que asistieron el dia de ayer a una reunión en el palacio nacional, que prefieren mantenerse en el anonimato, Pérez estaría ofreciendo hasta 10 millones de quetzales por voto para favorecer una ampliación presupuestaria de 16 mil millones de quetzales. Además, busca apoyo para la aprobación de tres préstamos significativos. Entre las reformas legislativas que Pérez y Arevalo impulsan se encuentran modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos, la ley de corporación, la ley financiera nacional y la ley ANADIE, que rige las alianzas público-privadas. También se mencionan cambios propuestos a la ley de servicio civil y, de manera especial, a la legislación que rige el sector justicia.
La propuesta más alarmante involucra una reducción presupuestaria de 1000 millones de quetzales, afectando directamente a la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, el Organismo Judicial y la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Esta maniobra de Pérez ha revelado fisuras evidentes dentro de su propia bancada y tensiones con el ejecutivo, nuestras fuentes nos indican que Bernardo Arevalo en la reunión del dia de ayer ha rechazado estos ofrecimientos, destacando un claro desacuerdo y potencial ruptura entre las partes.
La situación plantea serias interrogantes sobre la integridad y transparencia del proceso legislativo en Guatemala. Mientras Samuel Pérez parece liderar un esfuerzo para manipular decisiones clave dentro del Congreso a través de incentivos financieros, la resistencia dentro de su propio grupo sugiere un conflicto ideológico profundo. Este caso subraya la necesidad de vigilancia y rendición de cuentas en la conducción de la política gubernamental y legislativa en el país.
