En una medida que ha capturado la atención pública y política en Guatemala, el Presidente Bernardo Arévalo y la Vicepresidenta Karin Herrera han firmado cartas solicitando una reducción del 25% en sus salarios. Este acto, anunciado durante la presentación del informe de los primeros 100 días de gobierno, llega tras críticas sobre los elevados sueldos de ambos funcionarios, considerados los más altos de Centroamérica.
El presidente Arévalo y la vicepresidenta Herrera reciben salarios base de Q33,588 y Q23,787, respectivamente, que con bonos y gastos de representación ascienden a Q148,838 y Q136,412 mensuales. Estos montos posicionan a Guatemala en un sitial destacado en términos de remuneración gubernamental en la región. Además, ambos mandatarios gozan de beneficios adicionales provistos por el Estado, como transporte, seguridad y manutención, lo que aumenta aún más el valor de su compensación total.
Comparativamente, el salario de los mandatarios guatemaltecos ha visto un incremento considerable desde los tiempos de Óscar Berger (2004-2008), quien, junto con su vicepresidente, ajustó los salarios presidenciales y eliminó los gastos discrecionales. Esta decisión contrasta con la práctica anterior de mantener estos gastos, que ofrecían a los presidentes un margen considerable para el manejo de fondos adicionales.
Una de las promesas centrales de la campaña de Arévalo fue la reducción de los salarios del ejecutivo, una medida popular entre votantes preocupados por la austeridad y la transparencia fiscal. La demora en implementar estas reducciones y la falta de claridad sobre si afectan el salario base o los gastos de representación han sido puntos de crítica constante. Además, la falta de acción para reducir los salarios de otros funcionarios del ejecutivo y el mantenimiento de un fotógrafo presidencial bien remunerado han exacerbado las preocupaciones sobre la autenticidad de las promesas del presidente.
La decisión de reducir los salarios del presidente y la vicepresidenta puede ser vista como un paso hacia la cumplimentación de las promesas de campaña y una respuesta a la presión pública. Sin embargo, las acciones subsiguientes y la transparencia sobre cómo se implementan estas reducciones serán cruciales para evaluar la eficacia y sinceridad de esta medida. Mientras Guatemala enfrenta numerosos desafíos socioeconómicos, la gestión del gasto público y la remuneración de los altos cargos continúa siendo un tema de debate y análisis crítico.
