Durante la presentación de su informe de los primeros 100 días de gobierno, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, renovó sus ataques contra el Ministerio Público y la Fiscal General, Consuelo Porras. Arévalo acusó a Porras de usar su cargo para intimidar a los críticos y obstaculizar su administración, y reiteró su compromiso de buscar su destitución por vías legales.
Durante la ceremonia de presentación de su informe de gobierno, el presidente Arévalo reiteró su descontento con el Ministerio Público, liderado por Consuelo Porras. Arévalo acusó a Porras de usar su cargo para intimidar a opositores y limitar la acción gubernamental de su partido, Movimiento Semilla. El mandatario guatemalteco declaró su intención de continuar buscando, por vías legales, la destitución de la fiscal, a quien señaló como una amenaza directa para la democracia del país.
Este enfrentamiento no es reciente, pues Arévalo ha criticado abiertamente a la Fiscalía desde antes de su mandato, especialmente cuando el Ministerio Público comenzó a investigar a su partido por alegaciones de falsificación de firmas e inscripción de afiliados fallecidos. Varias personas ya han sido condenadas por estos delitos tras aceptar los cargos penales.
En respuesta, el Ministerio Público emitió un comunicado rechazando las acusaciones de Arévalo, calificando sus declaraciones de parte de un ataque sistemático contra la institución. También expresaron preocupación por la seguridad de la Fiscal General y del personal del Ministerio, responsabilizando al presidente y a su agrupación política por cualquier perjuicio que puedan enfrentar debido a estas tensiones.
El discurso del presidente Arévalo, en lugar de centrarse en los logros de su gobierno, subrayó una vez más la agitada relación entre el ejecutivo y el judicial en Guatemala. Con ambos lados en defensa firme de sus posturas, el camino hacia una resolución parece cada vez más complejo, destacando las profundas divisiones dentro del aparato estatal guatemalteco.
