Este sábado 25 de mayo, el Ejército de Guatemala tiene programada la ceremonia de ascenso de nuevos generales. Sin embargo, este acto ha sido cuestionado debido a un reciente amparo interpuesto ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por oficiales del Ejército, quienes alegan que los ascensos no cumplen con los procesos legales establecidos. A pesar de la presentación del amparo, la ceremonia de ascenso sigue programada para este sábado 25 de mayo. La CC deberá decidir sobre la legalidad del proceso, y su fallo tendrá un impacto significativo en el Ejército y en la administración de Arévalo.
La promoción de oficiales a generales de brigada en el Ejército de Guatemala ha generado una gran controversia y división dentro de la institución. Oficiales de alta han presentado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, argumentando que los ascensos no cumplen con los requisitos legales. Esta situación pone en duda la legitimidad de la ceremonia programada para este sábado 25 de mayo.
El recurso de amparo, anunciado por Ricardo Méndez Ruiz en la red social X, fue presentado por oficiales de alta del Ejército. Los oficiales cuestionan las decisiones del presidente Bernardo Arévalo y del ministro de la Defensa, general Henry Sáenz, alegando que las promociones a generales de brigada no cumplen con los criterios legales necesarios establecidos por la Ley Constitutiva del Ejército.
Méndez Ruiz expreso su preocupación por las decisiones “erradas y fragmentadas” que, según él, han causado un deterioro intencional dentro del Ejército. Esta situación ha exacerbado las tensiones internas, especialmente tras los recientes cambios de mando y la imposición de cuotas de género por parte de la administración de Arévalo, vista por algunos como un desvío de las normativas tradicionales.
La controversia se centra en la aparente ilegitimidad e ilegalidad del proceso de ascensos. Los oficiales que presentaron el amparo sostienen que el presidente Arévalo y el ministro de la Defensa han promovido a oficiales que no cumplen con los requisitos establecidos, lo que podría considerar los ascensos como ilegales. Esta acción ha generado una considerable tensión y división dentro de la institución militar, con oficiales que se sienten agraviados por la falta de transparencia y cumplimiento de las normas.
