La política guatemalteca se ve envuelta en una nueva polémica tras las declaraciones del diputado Samuel Pérez, quien alegó que varios legisladores recibieron amenazas de muerte para no apoyar una iniciativa que buscaría destituir a la fiscal general. Estas afirmaciones han sido categóricamente desmentidas por miembros de diversas bancadas.
Samuel Pérez comunicó a la prensa que tenía conocimiento de que “varias docenas de diputados” fueron amenazados por el Ministerio Público para impedir su apoyo a la propuesta legislativa promovida por el presidente Bernardo Arévalo. Según Pérez, este fue el motivo principal detrás de la falta de asistencia suficiente para continuar con la sesión.
Sin embargo, estas acusaciones han sido rápidamente refutadas por varios legisladores. Nadia De León, del bloque Nosotros, aseguró no haber recibido amenazas de ningún tipo. Javier Aguirre, representante del bloque CABAL, y César Dávila, tercer secretario de la junta directiva del Congreso, también negaron cualquier conocimiento de amenazas a sus colegas. De forma similar, Álvaro Arzú, jefe del Bloque Unionista, y el líder del Bloque VALOR manifestaron desconocer tales amenazas, instando a quienes las hubieran recibido a denunciarlas oficialmente.
La controversia ha generado un ambiente de escepticismo y demanda de pruebas concretas que respalden las afirmaciones de Pérez. La comunidad política y la opinión pública están a la espera de que se presenten evidencias o que algún legislador afectado formalice una denuncia.
