En las últimas semanas, el Congreso de Guatemala ha enfrentado una parálisis recurrente en sus sesiones plenarias debido a la falta de quórum. Este fenómeno se ha agravado recientemente con la propuesta de una controversial iniciativa de ley por parte del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, lo que ha intensificado las tensiones y divisiones entre los legisladores.
La situación comenzó a deteriorarse cuando la bancada oficial intentó imponer al diputado independiente Samuel Pérez como representante ante la Junta Monetaria. La crisis se intensificó este lunes con la presentación de una iniciativa que busca modificar el artículo 14 de la ley orgánica del Ministerio Público, permitiendo la destitución de la Fiscal General por parte del presidente, una medida que ha sido percibida como un intento de consolidar poder.
La respuesta a estas acciones ha sido mixta y ha incluido desde ataques mediáticos por parte del gobierno hasta acciones intimidantes de grupos de simpatizantes, quienes han llegado a actuar violentamente para presionar a los diputados a aprobar la legislación de manera urgente. Esta atmósfera cargada de tensión ha llevado a varios legisladores a abstenerse de asistir al Congreso, optando por proteger su integridad física ante posibles represalias.
Además, el diputado Pérez ha denunciado supuestas amenazas de muerte hacia diputados por parte del Ministerio Público, aunque estas acusaciones fueron rápidamente desmentidas por representantes de diversas bancadas.
El clima en el Congreso de Guatemala es de alta tensión y incertidumbre. Si la situación de presión y falta de diálogo entre el gobierno y las diferentes bancadas continúa, es probable que las sesiones plenarias sigan sin realizarse en las próximas semanas.
