El Ministerio Público de Guatemala, encabezado por la Fiscal General Dra. María Consuelo Porras Argueta, ha presentado una acción constitucional de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Esta medida busca contrarrestar lo que se describe como una serie de acciones arbitrarias y peligrosas por parte del Presidente César Bernardo Arévalo de León, cuya administración ha sido señalada de sobrepasar los límites de su mandato constitucional en materia de política nacional e internacional, finanzas y presupuesto.
La denuncia presentada subraya una amenaza “real, cierta e inminente” que podría poner en riesgo la integridad física y la vida de altos funcionarios del Ministerio Público, incluida la Dra. Porras. Se acusa al Presidente Arévalo de promover medidas que incitan a la violencia, aumentando temores de posibles atentados contra los miembros de esta institución esencial para la justicia guatemalteca.
Además, el Ministerio Público expresa preocupación por las acciones del Procurador General de la Nación y del Secretario General de la Presidencia. Según el comunicado, estos funcionarios, bajo directivas del Presidente y por iniciativa propia, podrían estar excediendo sus funciones legales para facilitar la destitución inconstitucional de la Fiscal General.
El amparo busca una respuesta urgente de la Corte de Constitucionalidad para asegurar la protección de los derechos constitucionales y mantener el orden democrático frente a lo que se percibe como una inclinación hacia el autoritarismo por parte del ejecutivo. La comunidad legal y política del país mantiene alta expectativa sobre las decisiones que se tomarán, mientras que el gobierno del Presidente Arévalo aún no ha emitido una respuesta formal ante estas graves acusaciones.
