El 23 de abril el presidente de la República llegó a sus 100 días en el cargo, el cual solo ha estado interesado en remover a la fiscal general, mientras otros procesos siguen en pausa.
En los últimos días se ha generado una discusión sobre la decisión que ha tomado el actual presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo en realizar una consulta popular para destituir a Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público (MP). Cabe mencionar que esta decisión ha sido cuestionada ya que hay varios involucrados como el conocido Sacerdote activista Sergio Godoy, quien ayudó a publicar una campaña para recolectar firmas y solicitar la consulta que permita la destitución de Porras.
Recordando, en Guatemala se han realizado tres consultas populares en los años de 1994, 1999 y 2018, está última se debió al diferenciado territorial, insular y marítimo con Belice, en donde un 96% de la población votó con un “Si” para seguir con la consulta popular, con este voto se dio el aval para el país; y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pudo intervenir sin ninguna objeción.
Asimismo, para el año 2018 el gasto que genero la Consulta Popular fue de Q. 380 millones los cuáles Q. 300 millones se pagaron para el proceso electoral y Q. 80 millones para el pago de abogados internacionales quien en ese entonces representaban a Guatemala ante la CIJ.
En la actualidad, ¿Cuánto le costará al pueblo de Guatemala realizar está Consulta Popular para destituir a una fiscal? El presidente Arévalo ha informado a la población sobre realizar dicha consulta, más no ha advertido la cantidad que esto requerirá y de donde está estipulado sacar los fondos.
El analista político Carlos Hoffman mencionó que una consulta popular es una elección, es decir, que tiene los mismos gastos que una elección nacional convencional puesto a que equivalen los mismos procesos; juramentación de juntas electorales, selección de juntas, impresión de boletas entre otros.
Además, Hoffman agrega que la ley no permite votar o despedir personas, sino, esta se realiza para modificar leyes o realizar consultas sobre posturas de país. “Se estima que el costo que tiene está consulta popular pretendida es de 400 millones de quetzales”. Mencionó Hoffman.
Roberto Wagner, analista político, mencionó para TVGT que la elección de fiscal general corre a cargo del presidente. El removerla democráticamente a través de una consulta popular no cuenta con la misma lógica de lo que es un nombramiento y una remoción. Al criterio del analista el monto seria elevado y puede generar un precedente peligroso ya que en términos generales puede llegar a ser un gasto innecesario.
“No creo que sería una cuestión muy democrática solo el hecho de ir a votar; sino que es el hecho de cómo se informa a la población, qué se va a hacer; por qué se están utilizando fondos públicos; fondos del estado para esto; y por qué si la fiscal general no es electa democráticamente si puede ser removida por una herramienta que tiene un carácter democrático” mencionó Wagner.
En conclusión, se espera que Bernardo Arévalo siga con otros procesos establecidos en su agenda para mejorar las condiciones del país, además, debe informar las consecuencias que tomaría realizar la Consulta Popular y no solo convencer de manera errónea a la población.
