La noche del 13 de agosto, el Congreso de Guatemala aprobó la ampliación presupuestaria propuesta por el Ejecutivo con 110 votos a favor. Sin embargo, la votación estuvo marcada por acusaciones de sobornos y prácticas ilegales, con denuncias de que se ofrecieron hasta 10 millones de quetzales a los diputados que apoyaran la iniciativa.
La aprobación de la ampliación presupuestaria por parte del Congreso de Guatemala ha generado un intenso debate y serias acusaciones de corrupción. Con 110 votos a favor, la iniciativa del Ejecutivo fue finalmente aprobada, pero no sin controversias. Desde hace semanas, se rumoraba en los pasillos del legislativo sobre ofrecimientos de 10 millones de quetzales en obras y otros beneficios a los diputados que apoyaran la ampliación.
Diputados como Orlando Blanco del bloque VOS, Álvaro Arzú de UNIONISTA y Sandra Jovel del bloque VALOR, fueron algunos de los que denunciaron públicamente estos ofrecimientos, que buscaban asegurar la aprobación de la ampliación por la vía de urgencia nacional. Según varios expertos, la urgencia nacional no se aplica en el caso de una ampliación presupuestaria, lo que podría dar lugar a acciones legales en contra del procedimiento utilizado.
Durante la sesión plenaria del 13 de agosto, mientras se llevaba a cabo la interpelación del ministro de Gobernación, el proceso fue abruptamente interrumpido para iniciar la votación de la ampliación presupuestaria. Al principio, solo se lograron 99 votos a favor, de los 107 necesarios para su aprobación, lo que llevó a una paralización de la sesión por más de una hora, mientras la bancada oficialista negociaba con los parlamentarios indecisos.
Finalmente, después de intensas negociaciones, la bancada oficialista logró alcanzar los 110 votos necesarios para aprobar la ampliación. Sin embargo, este resultado fue obtenido en medio de denuncias de prácticas ilegales, incluyendo la supuesta oferta de 10 millones de quetzales a cada diputado que apoyara la iniciativa.
Los diputados que denunciaron estos actos, entre ellos Blanco, Arzú y Jovel, volvieron a señalar que el proceso estuvo plagado de irregularidades y que la aprobación final fue el resultado de negociaciones cuestionables que involucraron modificaciones de último minuto al proyecto de ley.
La sesión, que se prolongó hasta pasada la medianoche, se volvió a paralizar en varias ocasiones mientras se llevaban a cabo estas negociaciones. Al final, la ampliación presupuestaria fue aprobada, pero el proceso dejó una estela de denuncias de corrupción y prácticas ilegales que podrían tener consecuencias legales y políticas.
