Para este planteamiento, se va a considerar que el sistema tributario es el conjunto de relaciones que se llevan a cabo entre el Estado, los contribuyentes, la administración tributaria y los grupos de poder formales y fácticos, quienes actúan dentro de un sistema jurídico que define obligaciones tributarias e instrumentos que la administración tributaria verifica que el contribuyente cumpla en el pago de los impuestos, arbitrios, tasas y contribuciones especiales.
Si se toma en cuenta la opinión del ICEFI a partir de una publicación sobre “en camino a la modernización del sistema tributario de Guatemala” (2024), el sistema tributario guatemalteco no es suficiente para atender las necesidades sociales y los compromisos contenidos en la Constitución Política de la República, debido a que logró obtener según SAT (2023) el 13.5% del PIB, incluyendo el IGSS, IUSI e INGUAT. Y afirma que el sistema tributario no es productivo toda vez que la productividad del IVA es del 52.2% (2023) y la del ISR del 26.1% (2021) en el régimen de actividades lucrativas y 18.5% (2021) en el de asalariados, que son los dos impuestos que más contribuyen al total de la recaudación.
Agreguemos a esto que el 67.5% de lo recaudado proviene de impuestos indirectos y una tercera parte proviene de impuestos al patrimonio, los ingresos o las ganancias, composición que se conoce como un sistema tributario regresivo, lo que significa que la mayor carga impositiva en Guatemala recae en las personas que consumen, tengan o no suficientes ingresos para cubrir sus otros gastos para sobrevivir. Entonces debe reconocerse que el sistema tributario guatemalteco tiene potencial para incrementar la recaudación tributaria, que ante las leyes tributarias vigentes, la administración tributaria es capaz de mejorar el cumplimiento tributario; no obstante que el sistema tributario requiere de modificaciones para lograr mayor justicia tributaria.
En tal sentido, se resalta que según datos obtenidos de la página web del Ministerio de Finanzas para 2023 se llegó a un gasto total de Q112,246.4 mil millones, generando una deuda pública de Q10,230.6 mil millones; es decir, que el sistema tributario permitió generar Q102,015.8 mil millones. Suponiendo que la SAT implemente acciones para mejorar la recaudación del IVA y del ISR, se agregarían Q45,189.6 mil millones, provenientes de la reducción del incumplimiento en el Impuesto al Valor Agregado (Q 14,571.5) y el Impuesto sobre la Renta (Q 30,618.1).
Si ese fuera el caso, el gasto público total para 2025 podría subir a Q147,205.4 mil millones sin generar deuda pública, siempre y cuando ese incremento lo logre la SAT en el período de un año, logro difícil de alcanzar, pero que si puede elaborarse un plan de trabajo para que en un periodo de tres años se logre, de tal manera que el sistema tributario estará en capacidad de generar mayor recaudación que se traduzca en un incremento del gasto público o bien, pagar en los próximos años, la deuda pública registrada por Q 187,597.0 mil millones, si esa fuera el objetivo de la política fiscal. Es decir, esto último no necesita de reformas al sistema de normas, es una estrategia de administración tributaria que puede implementarse y que eso sólo depende de la SAT.
En cuanto al asunto de fondo; si, las reformas al sistema tributario que pudieran surgir, deben ir dirigidas a modificar la regresividad del sistema tributario e ir consolidando un sistema justo y equitativo como lo manda la Constitución Política de la República en su artículo 243, de tal manera que se distribuyan las cargas a quien tienen mayor capacidad de pago. Y eso no va en contra de incrementar las posibilidades de inversión privada, porque dado el nivel de concentración del ahorro, los agentes económicos y las familias están llamadas a contribuir a los gastos públicos (artículo 135 de la Constitución) según su capacidad de pago.