Una reciente investigación revela serias irregularidades dentro del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), donde altos funcionarios han actuado sin el conocimiento ni la aprobación del Consejo Directivo. Estas acciones, que incluyen la manipulación administrativa de contratos y la omisión del debido proceso, han desatado una ola de indignación y denuncias por posibles delitos administrativos.
En julio de 2024, durante una conferencia de prensa, el Ministro de Energía y Minas y Presidente del Consejo Directivo del INDE, Víctor Hugo Ventura Ruiz, acompañado por el Auditor Interno del INDE, Jorge Orlando García Chacón, el Comisionado Presidencial contra la Corrupción, Julio Flores, y el Secretario de Segeplan, quien es miembro del Consejo Directivo, Carlos Mendoza Alvarado, informaron sobre supuestas irregularidades en diversos proyectos del INDE. Estas irregularidades incluían la declaración de incumplimientos de contrato, inhabilitaciones en Guatecompras y la ejecución de fianzas contra empresas contratadas.
Sin embargo, una investigación realizada por TVGT Noticias ha revelado que estas acciones se realizaron en violación del Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE. Según el reglamento, solo el Consejo Directivo, tras un consenso, puede llevar a cabo dichas acciones. Adicionalmente, los contratos de los proyectos estipulan un proceso administrativo que las autoridades involucradas omitieron deliberadamente, como el agotamiento de la vía conciliatoria y la fase administrativa antes de tomar decisiones tan drásticas.
Lo más alarmante es que todas estas acciones se llevaron a cabo sin informar al Consejo Directivo, bajo las órdenes de Jorge Augusto Menéndez Barahona, asesor del despacho del Ministro de Energía y Minas. Menéndez, quien tiene un historial controversial y enfrenta un proceso de demanda laboral contra el INDE, orquestó la omisión de información clave, con el respaldo del Gerente General del INDE, Luis Martínez, y el Auditor Interno, Jorge García.
Esta situación provocó una fuerte reacción del Consejo Directivo durante la reunión del 23 de julio de 2024, donde se exigió a las autoridades involucradas presentar un informe detallado antes de cualquier votación sobre los contratos en cuestión. Actualmente, la Contraloría General de Cuentas está realizando una auditoría especial para investigar estas acciones, que podrían constituir abuso de poder e incumplimiento de deberes.
Este caso expone la corrupción latente en el INDE, una entidad clave para el sector energético de Guatemala. Las irregularidades detectadas, que incluyen la manipulación de contratos y la violación del debido proceso administrativo, amenazan con agravar la ya delicada situación energética del país, caracterizada por su baja calidad y constante aumento de precios. La falta de transparencia y la posible colusión para favorecer a ciertas empresas plantean serias dudas sobre la integridad de las autoridades involucradas, lo que podría desencadenar una crisis energética nacional si no se toman medidas correctivas inmediatas.
